Una sentencia del Tribunal Constitucional (de 3 de Marzo de 2016) valida la instalación de cámaras de seguridad en los centros de trabajo como medida de vigilancia, sin el consentimiento previo de los trabajadores.
A pesar de esto, la normativa sobre protección de datos exige colocar en las zonas videovigiladas al menos un cartel informativo en un lugar que sea visible. De este modo se estaría salvaguardando el deber de información a los empleados.
El origen de esta sentencia se produjo a raíz del despido de una trabajadora de un comercio abierto al público. Ante la sospecha de una apropiación dineraria por parte de alguno de los trabajadores la empresa decidió instalar una cámara en las cajas.
Esta práctica es más habitual de lo que podemos pensar, sobre todo en el sector de la hostelería, donde muchos dueños de bares y restaurantes acostumbran a instalar cámaras controladas por las cajas para evitar robos.
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